DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

María  Antonieta  Navarrete  Ramos

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Maestría en Derecho Procesal Constitucional

Materia: Derecho Procesal Constitucional

Julio 7 de 2010

 

 

DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Acción de inconstitucionalidad como garantía que consagra la Constitución mexicana

TEORÍA DE LA DEFENSA Y DEL CONTROL CONSTITUCIONAL

Me voy a permitir describir en forma sucinta lo que involucra el Derecho procesal Constitucional entendiendo el hecho de su posible desarrollo y perfeccionamiento en el futuro.

La teoría de la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos y procesales que establecen los ordenamientos constitucionales para conservar  tanto la normativa constitucional como para prever su violación, reprimir su desconocimiento y lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales.

Los sectores de esta defensa de la Constitución tienen dos categorías fundamentales: a).- La protección de la Constitución y  b).-  Las garantías constitucionales.

La protección de la Constitución la integran los factores políticos, económicos, sociales,  de técnica jurídica incorporados al texto constitucional con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento equilibrado de los poderes públicos comprendiendo las divisiones vertical y horizontal.

Dentro de la protección de la Constitución están los principios jurídicos de Supremacía Constitucional y el procedimiento dificultoso de reformas a la Constitución, artículos 133 y 135 respectivamente.

Asimismo tiene modelos de Control constitucional:

1.- El amparo de libertad,  que juega el doble papel de Writ de Habeas Corpus  y el amparo propiamente dicho a favor de los demás derechos constitucionales.

2.- Amparo judicial,  utilizado para alegar aplicación indebida de la ley por parte del juez.

3.- Amparo administrativo, mediante el cual se utilizan los recursos contenciosos administrativos contra los actos administrativos violatorios de la Constitución y de las leyes.

4.- Amparo Social Agrario, para los derechos individuales y colectivos de los campesinos sujetos al régimen de la Reforma Agraria.

5.- Amparo contra leyes, para impugnar por vías de acción las leyes que violan la Constitución. Procede también contra las leyes autoaplicativas.

6.- Modalidad de Jurisdicción Constitucional, cuando hay defensa de la Constitución de carácter jurisdiccional que resuelve los conflictos políticos y sociales del más alto nivel de acuerdo con el  derecho de la Constitución.

Las garantías constitucionales, son los instrumentos procesales establecidos en la propia Constitución.

Es materia del control de la constitucionalidad todas las normas y actos, con alguna excepción tanto de la federación como de los Estados locales por los órganos del poder judicial de la federación . Este orden superior es el orden constitucional.

La tesis de la cláusula alternativa surge del hecho de que el legislador guiado por doctrinas ingenuas que aceptan que el derecho es un orden carente de contradicciones, no dicta las normas necesarias ni instituye los órganos competentes para dirimir esos conflictos.

Las disposiciones constitucionales que regulan la legislación tienen el carácter de disposiciones alternativas.

La Constitución contiene una regulación directa y otra  indirecta de la legislación, teniendo el órgano legislativo la elección entre ambas. Es aquí cuando el constituyente o el legislador se dejan llevar por doctrinas jurídicas que pueden estar equivocadas.

Existen órganos centralizados encargados jurídicamente para decidir sobre la regularidad de normas o actos, en relación con normas superiores, de cualquier índole o nivel que estas sean, siempre y cuando se haya planteado la pretensión a través del ejercicio de una acción procesal[1].    

Ahora bien, la Jurisdicción Constitucional, tiene la capacidad de “decir” el derecho en materia constitucional que tendría como contenidos:

1.- El valor jurídico de la Constitución

2.- El control constitucional y sus alcances

3.- Sistema de control (americano o austriaco) judicial o político, sistemas duales o mixtos

4.-La sentencia constitucional

5.- La interpretación constitucional

En cuanto a La Justicia Constitucional, es de carácter filosófico pues subraya que la supremacía y la defensa constitucional persiguen la consecución de valores supra jurídicos y que abarca un órgano especializado en la materia. Es parte del objeto del Derecho Constitucional.

 

El Derecho Procesal Constitucional es una disciplina autónoma que llega al auxilio para la solución jurídica constitucional de problemas político-sociales en el rápido desarrollo democrático que reclama el tiempo presente de globalización, y que posee una magistratura constitucional para hacer funcionar todo lo que concierne a sus garantías expresadas en el propio texto fundamental por medio de la defensa de la propia Constitución y el control de la constitucionalidad en leyes y actos del poder público como es el caso de los Estados Unidos Mexicanos.

Es la disciplina que se encarga del estudio sistemático de la jurisdicción, órganos y garantías constitucionales, entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantemente de carácter procesal dirigidos a la protección y defensa de los valores, principios y normas constitucionales[2] 

Como ciencia autónoma tiene un estudio sistemático así como elementos y categorías que la fortalecen y enriquecen en gran manera.

Es una de las vertientes para lograr la efectividad de lo que garantiza la propia Constitución; y está al resguardo de dos categorías fundamentales: La protección de la Constitución, y las garantías constitucionales ; entendiendo estas últimas como los instrumentos procesales por excelencia que tienen como objeto el sano equilibrio de la división de poderes ; son las acciones expresadas en el propio texto fundamental que pueden ser objeto de llevar a un proceso o juicio constitucional para limitar los abusos del poder, y darles solución cuando estos existan y sean reclamados; es decir, el proceso constitucional se llevará a efecto cuando exista una parte actora que ejerza su derecho ante el deber del Estado de otorgar la actividad jurisdiccional , y esta jurisdicción constitucional  que debe atender la petición que la parte actora reclama en un Estado democrático de derecho; son estos dos elementos fundamentales de la disciplina procesal: el actor y la jurisdicción.  Esta especial jurisdicción constitucional se realiza en principio por los tribunales de la federación con sus jueces y magistrados y una Suprema Corte de Justicia, considerada hoy como un Tribunal Constitucional.

Si bien principalmente Kelsen, Calamandrei, Couture y Cappelletti han aportado los cimientos indispensables para el nacimiento de esta rama jurídica, se debe fundamentalmente a Fix-Zamudio la consolidación en cuanto a su denominación, contenido y delimitación, al haber iniciado su sistematización científica específicamente con dicha expresión desde hace casi medio siglo, en 1956. Así, la expresión de “derecho procesal constitucional” se ha robustecido en las últimas décadas al aparecer publicaciones específicas con esa terminología en distintos países latinoamericanos y europeos, especialmente en Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, España, México, Nicaragua y Perú.

En cuanto al sector de la protección de la Constitución en el caso del Estado Mexicano, tiene sus propios mecanismos de autodefensa: Los principios jurídicos de la supremacía constitucional en el artículo 133 ; y el procedimiento dificultoso de reforma del texto fundamental previsto en el artículo 135 de la actual Constitución de 1917.

Las garantías constitucionales comprenden como ya se dijo, aquellos instrumentos predominantemente procesales y establecidos por lo general  en el propio texto fundamental, teniendo como finalidad la reintegración del orden constitucional cuando ha sido desconocido o violado por los órganos de poder, especialmente cuando los medios de protección de la Constitución referidos supra,   no han sido suficientes para evitar la violación  de la norma superior.

En la Constitución mexicana fundamentalmente se prevén como garantías las siguientes:

1.- El juicio de amparo (arts. 103 y 107). 

2.-  La controversia constitucional (art. 105-I).

3.-  la acción de inconstitucionalidad (art. 105-II).

4.-  la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia (art. 97, párrafos segundo y tercero). 

5.- El juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos (art. 99, fracción V).

6.-  El juicio de revisión constitucional electoral (art. 99, fracción IV).

7.-  El juicio político (art. 110).

8.-  El procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los derechos humanos (art. 102-B).

El estudio de las garantías constitucionales cobra especial relevancia en México a partir de la reforma constitucional de 1997 y especialmente la de 1994, debido a que la Suprema Corte de Justicia materialmente realiza las funciones de un Tribunal Constitucional, a pesar de conservar todavía algunas competencias de mera legalidad.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Como resultado de una evolución progresiva, en la Constitución Federal de 1917, que todavía está en vigencia con numerosas reformas, se consagraron cuatro instrumentos de control constitucional, es decir: a) el juicio político o de responsabilidad de los altos funcionarios; b) el procedimiento investigatorio de la Suprema Corte de Justicia; c) las controversias constitucionales, y d) el juicio de amparo. La mayoría de estas instituciones procesales provenían de la carta federal anterior de 5 de febrero de 1857, que con algunas variantes fueron incorporadas en el texto original de nuestra ley fundamental en vigor, con excepción del llamado procedimiento investigatorio encomendado a nuestro más alto tribunal, que fue una creación original del Constituyente de Querétaro.

A los cuatro instrumentos anteriores debemos añadir otros nuevos que se agregaron recientemente en las reformas constitucionales de 1992, 1994 y 1995. Los que ya existían a partir del texto original de la Carta Fundamental de 1917, si bien algunos de ellos sufrieron modificaciones posteriores, hasta antes de las citadas reformas a la ley fundamental, no tuvieron una efectiva aplicación práctica, con exclusión del juicio de amparo, que es el único que funcionaba normalmente, si bien sólo tenía el propósito exclusivo de proteger los derechos fundamentales, pero aun considerando sus aspectos de garantía constitucional, nuestra carta fundamental no debía considerarse suficiente para tutelar en su integridad ya que como lo consideraba el ilustre constitucionalista mexicano Felipe Tena Ramírez, aun en los aspectos en que nuestro derecho de amparo funcionaba como garantía constitucional, no constituye realmente un control directo de la Constitución, sino más bien de los derechos de la persona humana, ya que como lo afirmó el notable jurista: Nuestra institución jurídica ha tenido entre nosotros el crecimiento, la espléndida palpitación de vida del amparo, lo cual se debe no tanto a que el pueblo lo considere como el regula[do]r del sistema federal, el equilibrador de los poderes o el instrumento en el gobierno de los jueces, sino a que ha sido el escudo resonante de la inviolabilidad de la persona.

Brevemente podemos señalar las reformas constitucionales y legales de 1928 y 1934, las que dividieron a la Suprema Corte en Salas, por materia (penal, administrativa, civil y laboral); la de 1951, por la cual se crearon los tribunales colegiados de circuito para auxiliar a la misma Suprema Corte de Justicia, y a los cuales se les atribuyeron en forma constante y creciente el conocimiento de los juicios de amparo, de una instancia y del segundo grado, de los que se consideraban de menor importancia, y por ello el número de dichos tribunales se aumentó de manera considerable; las modificaciones de 1967 que incrementaron de manera notoria los asuntos de amparo encomendados a los citados tribunales colegiados,  hasta llegar a los cambios introducidos en 1988 y 1995, en los cuales se separó de manera definitiva a los juicios de amparo en los cuales se discuten cuestiones de legalidad, que se encomendaron en su totalidad a los propios tribunales colegiados de circuito, y aquellos procesos de amparo en los cuales se controviertan cuestiones directamente constitucionales, atribuidos en forma exclusiva a la Suprema Corte de Justicia, cuya integración anterior de 26 magistrados, se redujo a 11 miembros, más cercana a la composición de los tribunales o cortes constitucionales contemporáneos, algunos de los cuales han sido introducidos en América Latina en los últimos años.

También las controversias constitucionales experimentaron un cambio significativo en las reformas constitucionales de diciembre de 1994, que como se dirán más adelante modificaron al artículo 105 constitucional y lo dividieron en tres fracciones, la primera de las cuales regula las mencionadas controversias constitucionales, pero las mismas fueron considerablemente ampliadas, pues además de agregar a los municipios entre las entidades que pueden promover dichas controversias,6 se introdujeron los llamados conflictos de atribución, que son aquellos que se presentan entre dos o más órganos de los poderes públicos, como el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, en sus esferas federal, estatal y del

Distrito Federal.

 Además de varias modificaciones que se hicieron a los cuatro instrumentos anteriores, en años recientes se introdujeron otros nuevos, entre los cuales podemos citar: a) la acción abstracta de inconstitucionalidad (1995); b) el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos (1996); c) el juicio de revisión constitucional electoral (1996), y d) las comisiones de derechos humanos (ombudsman) (1992).

En tales condiciones el control constitucional mexicano está formado por ocho garantías constitucionales, algunas de las cuales son recientes.

El derecho procesal constitucional mexicano

 Como disciplina científica es la rama más joven de la ciencia del proceso, y cuya fundación como tal se atribuye al ilustre Hans Kelsen, particularmente por medio de su clásico estudio publicado en 1928 en la Revista Francesa de Derecho Público, y que planteó la necesidad de establecer instrumentos procesales específicos para la tutela de las disposiciones constitucionales, incluyendo una jurisdicción especializada, por conducto de cortes o tribunales constitucionales, como la establecida en la Carta Federal austríaca de 1920, a proposición del mismo Kelsen.

El Derecho Procesal Constitucional comprende, como se ha dicho a las garantías constitucionales en sentido moderno, es decir, como instrumentos predominantemente procesales, que tutelan las normas de carácter fundamental.

Desde este punto de vista, el derecho procesal mexicano comprende las ocho siguientes garantías constitucionales: a) El juicio político (artículo 110); b) El procedimiento de investigación de la Suprema Corte de Justicia (artículo 97, párrafos segundo y tercero); c) Las controversias constitucionales (artículo 105, fracción I); d) El juicio de amparo (artículos 103 y 107); e) La acción abstracta de inconstitucional (artículo 105, fracción II); f) El juicio de protección de los derechos político electorales (artículo 99, fracción V); g) El juicio de revisión constitucional electoral (artículo 99, fracción IV); h) Los organismos autónomos protectores de los derechos humanos, inspirados en el modelo escandinavo del ombudsman (artículo 102, apartado “B” Todos estos preceptos corresponden a la Constitución Federal).

El paso más importante en la institucionalización de los organismos no jurisdiccionales de tutela de los derechos humanos, se dio con la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por acuerdo presidencial de 5 de junio de 1990 y cuyo Reglamento fue elaborado por el Consejo de dicha institución los días 18 de junio a 9 de julio de ese año.

En forma muy sintética podemos señalar los cambios introducidos en el nuevo texto del artículo 102, apartado B, de la carta federal. a) En primer lugar se corrigió el error del anterior texto de señalar que las recomendaciones serían autónomas, ya que es evidente que la autonomía debe corresponder a los citados organismos y no a las mencionadas  recomendaciones, las cuales conservan su carácter público y no vinculatorio.   b) En segundo término se conservó la falta de competencia de los organismos no jurisdiccionales para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

c) Se incorporó al texto constitucional de manera precisa el carácter autónomo de la Comisión Nacional, lo que se había establecido de manera indirecta en diversos preceptos de la Ley Orgánica de la misma.

De estas atribuciones la más significativa, como ocurre con los instrumentos tutelares que toman como modelo el ombudsman de origen escandinavo, es la de realizar investigaciones, ya sea a petición de los afectados o de oficio, sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de actos u omisiones de carácter administrativo de cualquier autoridad o funcionario público, como lo reiteró el nuevo texto constitucional reformado en 1999.

El precepto constitucional excluyó de manera expresa del conocimiento de los organismos mencionados, tales como los asuntos laborales, electorales y jurisdiccionales en su texto original y esa prohibición se reitera en la reforma de 1999.   De acuerdo con el criterio que consideramos correcto, que ha seguido la Comisión Nacional en su composición actual, las comisiones locales pueden hacer investigaciones sobre la conducta administrativa de los tribunales locales, y la nacional en relación con otros tribunales federales que no forman parte de manera expresa del citado Poder Judicial Federal, en los términos del artículo 94 constitucional. Entre estos organismos jurisdiccionales se encuentran el Tribunal Fiscal de la Federación, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (este último resuelve los conflictos entre los empleados y funcionarios del gobierno federal y el del Distrito Federal y las dependencias respectivas), así como los Tribunales Federales Agrarios establecidos en 1992. El procedimiento que se sigue ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy flexible, con acceso directo de los afectados y de las organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos, los que pueden hacerlo por cualquier medio de comunicación, con ratificación posterior. El artículo 4o. de la Ley Reglamentaria establece en lo conducente que:

Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la documentación de los expedientes respectivos. Se seguirán de acuerdo con los Principios de inmediatez, concentración y rapidez y se procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con los quejosos, denunciantes y autoridades, para evitar la dilación de las comunicaciones escritas. El plazo preclusivo para acudir a la Comisión Nacional es de un año a partir de que se hubiese iniciado la ejecución de los hechos que se estimen violatorios, o de que el quejoso hubiese tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales y tratándose de infracciones graves a los derechos humanos, la Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trata de hechos que por su gravedad pueden ser considerados violaciones de lesa humanidad (artículo 26 de la Ley). Finalmente, cabe resaltar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde su fundación en 1990 como organismo desconcentrado y a partir de junio de 1992 como institución autónoma, cuya autonomía ha sido reforzada en la reforma constitucional de 1999, ha desarrollado una intensa labor de promoción, estudio, capacitación y divulgación de los derechos humanos.

JUSTIFICACIÓN DE LA AUTONOMÍA CIENTÍFICA DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Se justifica plenamente a través de una legislación, su magistratura especializada y la doctrina.

En el siglo XIX surge el derecho procesal con su teoría general del proceso; y en los años 40 la propuesta de la creación del Derecho Procesal Constitucional.

Su magistratura especializada es precisamente la Magistratura Constitucional que la conforman quien o quienes tienen a su cargo la resolución de conflictos de carácter constitucional cualesquiera que éstos sean.

Su doctrina implica una disciplina jurídica situada dentro del Derecho procesal que ordena la propia Constitución, por lo que también está fuertemente ligado al Derecho Constitucional. Este derecho procesal se ocupa del estudio sistemático de las instituciones y de los órganos por medio de los cuales pueden resolverse los conflictos relativos a la aplicación de principios y valores implícitos o explícitos contenidos en la propia Constitución, así como sus normas.

 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

A causa de su naturaleza científica el Derecho Procesal Constitucional tiene conceptos que forman la base, el fundamento de su existencia, tales como;  por nombrar algunos: La acción procesal constitucional, jurisdicción constitucional, procesos constitucionales.

La acción procesal constitucional es el derecho o poder abstracto de obrar, de actuar, de ejercer un derecho, no como simple posibilidad sino como contrapartida del deber del Estado de prestar la actividad que ordena la ley suprema.

La jurisdicción constitucional es la actividad estatal de índole jurisdiccional encargada de decidir en las cuestiones de materia constitucional.

Respecto a los procesos constitucionales nacen en la Constitución en forma expresa para cautelar valores o principios constitucionales; ejemplo: División de poderes; de aquellos mecanismos de carácter incidental que también sirven para proteger la constitucionalidad como ejemplo el Amparo,  el Judicial Review,etc.

LOS SECTORES DEL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL

Asimismo es menester hasta hoy, ver al Derecho Procesal Constitucional en una triple dimensión; en tres sectores como lo expresa el maestro Fix Zamudio:

I.-  Derecho procesal constitucional de las libertades.

 Comprende el estudio de aquellos instrumentos consagrados en los textos fundamentales para la protección de los derechos humanos; en el caso mexicano, por aquellos mecanismos que protegen esencialmente la parte dogmática de la Constitución (garantías individuales), así como los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales.

II.-Derecho procesal constitucional orgánico.

Que se encarga del análisis de los procesos y procedimientos para proteger las atribuciones y competencias constitucionales de los distintos órganos de poder, donde también se puede ubicar el control constitucional abstracto de las disposiciones legislativas. Fundamentalmente en México se prevén a las acciones de inconstitucionalidad y a las controversias constitucionales.

 III.- Derecho procesal constitucional transnacional.

Constituye un sector que cada día adquiere mayores dimensiones debido a la importancia creciente de los pactos y compromisos internacionales, y de la creación de tribunales supranacionales, especialmente aquéllos relativos a la protección de los derechos fundamentales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, Francia,  o la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José, Costa Rica, que realizan una función semejante a los tribunales constitucionales en el ámbito interno.

Sin embargo, en la actualidad se puede afirmar la configuración de un nuevo sector que podemos denominar:

Derecho Procesal Constitucional Local,

que comprende el estudio de los distintos instrumentos encaminados a proteger ya no a las constituciones federales o nacionales, sino a los ordenamientos, constituciones o estatutos de los estados, provincias o comunidades autónomas.

Ello  implica el reconocimiento de una auténtica Supremacía Constitucional estatal que debe ser materia de mayor atención y desarrollo de la doctrina y jurisprudencia mexicanas, siendo necesaria una nueva lectura al artículo 40 de la Constitución federal.

A partir del año 2000 se advierte en México una tendencia en desarrollar esta temática, como se pone en evidencia con las reformas a las Constituciones locales de Veracruz, Coahuila, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, entre otras,107 que prevén distintos mecanismos de protección constitucional, cuya competencia se atribuye al poder judicial estatal (sea al pleno o a una sala constitucional o sala superior). Lo anterior descansa en un principio de supremacía constitucional local, como se advierte de los nuevos artículos 80, 158, primer párrafo, 79, segundo párrafo, 56, primer párrafo, y 104 de las Constituciones de esos estados, que respectivamente establecen:

 “Artículo 158. La Justicia Constitucional Local se erige dentro del régimen interior del Estado, como un medio de control para mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía constitucional”. (Coahuila, reforma de marzo de 2001).

Esta supremacía constitucional local o estadual no ha sido suficientemente construida por la doctrina y la jurisprudencia mexicana, a pesar de que el tradicional juicio de amparo tuviera su origen en la Constitución yucateca de 1841. Los vientos contemporáneos del constitucionalismo mexicano implican una nueva lectura al artículo 41 de la Constitución federal,109 con el objeto de armonizar el actual sistema de control de la constitucionalidad previsto a nivel federal y los que tibiamente comienzan a resurgir en las entidades federativas.

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA

El 20 de marzo de 2001 aparece publicado en el Periódico Oficial del Estado de

Coahuila el decreto número 148 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Constitución de dicha entidad federativa. Siguiendo el camino trazado en la Constitución veracruzana, el Capítulo IV, del Título V, se refiere a “La Justicia Constitucional Local”, que se erige dentro del régimen interior del Estado como un medio de control para mantener la eficacia y la actualización democrática de la norma fundamental de ese Estado, bajo el principio de supremacía constitucional, sin perjuicio de los instrumentos de carácter federal (art. 158).

El Tribunal Superior de Justicia en su carácter de tribunal constitucional local conoce de:

A) Las controversias constitucionales (conflictos competenciales y de atribuciones entre órganos y poderes del estado locales), excluyendo las que se refieran a la materia electoral. Las resoluciones tendrán efectos de cosa juzgada únicamente respecto de las partes que intervienen o con efectos generales, cuando se forme la jurisprudencia local.

Las controversias se pueden suscitar entre: a) el poder ejecutivo y el legislativo; b) el poder ejecutivo y uno o más municipios del estado; c)

 El poder legislativo y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del

propio estado; d) un municipio y otro u otros del estado; e) uno o más municipios y una o más entidades paraestatales o paramunicipales del estado; f) una o más entidades paraestatales y otra u otras paramunicipales del estado.

Este instrumento tiene por objeto resolver sobre si el acto o los actos reclamados son conformes o contrarios a la Constitución local, con base en el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la Constitución Federal, y por vía de consecuencia declarar su validez o invalidez.

B) La acción de inconstitucionalidad (control abstracto de constitucionalidad de normas generales locales), teniendo efectos erga omnes las sentencias únicamente cuando exista mayoría absoluta de los miembros del Tribunal.

Tendrán legitimación activa: a) el equivalente al treinta por ciento de los…

C) Un control difuso, al preverse la posibilidad de que cuando la autoridad jurisdiccional considere en su resolución que una norma es contraria a la normativa suprema local, deberá declarar de oficio su inaplicabilidad para el  caso concreto, existiendo la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia revise la resolución respectiva de forma definitiva e inatacable.

                                                                    Se hace necesario recordar con relación al derecho constitucional local o estadual lo que dice el artículo 124 constitucional: Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados; y respecto al artículo 117 constitucional entre otras cosas dice que los Estados no pueden en ningún caso celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras.

Las limitaciones a los Estados federales en materia de derecho internacional, se justifica si se atiende  al principio de que el Estado Federal se manifiesta al exterior como un Estado unitario, central; sin que sus unidades integrantes tengan representación alguna.

Artículo 121.- En cada Estado de la Federación  se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, (…)

Jurisdicción Constitucional Transnacional

Constituye un sector novedoso derivado de los conflictos entre la aplicación de las disposiciones internas y de las que pertenecen al ámbito internacional y comunitario, especialmente  las relativas a los derechos humanos, creándose tribunales supranacionales que se encargan de resolverlos.

Son 3 los principales problemas jurídicos fundamentales que surgen en relación a esta rama de la jurisdicción constitucional:

a).- La resolución de conflictos relativos a la conformidad de los actos y disposiciones legislativas internas con las normas y principios de carácter internacional y comunitario;

b).- La decisión de las controversias en las que se discute la conformidad de las normas externas con los conceptos constitucionales, y

c).- Los crecientes intentos de armonización entre los ordenamientos internos de carácter constitucional y las disposiciones o principios de carácter transnacional.

Las fuentes del derecho internacional se suelen dividir en dos: el derecho consuetudinario y el derecho de los tratados.

Para resolver casos concretos, se proponen como herramientas de análisis las siguientes consideraciones:

1.- La trascendencia jurídica de la solución, buscando siempre que ésta sea la más acorde con los principios contenidos en la Constitución en atención a su supremacía.

2.- La naturaleza de la norma internacional de que se trate; es decir, si es de creación o de adaptación.

3.-Si se trata de actos de creación o de ejecución.

4.- Los aspectos de reciprocidad internacional y, en general, los principios y normas de Derecho  Internacional aceptados que estén en armonía con la Constitución.

5.- La esfera competencial en que la norma debe ser aplicada.

6.- La naturaleza y alcances de las normas en conflicto; por ejemplo si un tratado es o no de aplicación inmediata o su vigencia se encuentra condicionada.

7.-Evitar que sin causa suficientemente justificada el Estado se vea en la imperiosa necesidad de incumplir sus compromisos por decisiones de alguno de sus órganos internos, y

8.-La posibilidad jurídica de que el o los interesados puedan optar por la aplicación de una u otra manera.

Las normas de Derecho Internacional carecen de eficacia jurídica hasta que se adapten al derecho nacional o interno para una adecuada comprensión de los alcances de sistemas de control constitucional en la materia; asimismo es necesario establecer la diferencia entre normas de producción o normas de adaptación.

La norma de producción se da únicamente en el ámbito del derecho internacional y sólo en ese ámbito tiene validez, por lo que carece de eficacia en el derecho interno. La norma existe, pero el Estado mexicano no la acepta ni la aplica.

La norma de adaptación es la que se ha incorporado al derecho interno.

Los sistemas de control constitucional son aplicables a las normas de adaptación, pero no puede sostenerse lo mismo respecto de las normas de producción, ya que al no formar parte del orden jurídico interno, no son revisables.  

INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL MEXICANO

En el año de 1956 mueren dos influyentes procesalistas: Eduardo Couture y  Piero Calamandrei, y junto a estos sucesos trágicos en el mismo año y bajo una influencia importante de aquellos se publican los primeros trabajos del Dr. Héctor Fix Zamudio.  

La  reivindicación  procesal del Amparo

Es Fix Zamudio quien inicia de manera clara un estudio sistemático del Amparo  teniendo en cuenta los avances de la ciencia procesal moderna, y concluyó que en realidad el Juicio de Amparo es todo un genuino y auténtico proceso jurisdiccional, apoyándose en las teorías publicistas que se inician bajo la concepción del proceso como relación jurídica.

Asimismo se ocupa de los otros dos conceptos fundamentales de la disciplina procesal: la acción y la jurisdicción. En cuanto a la primera, una vez que estudia las diversas teorías sobre la materia, se adhiere a la concepción de “la teoría de la acción como derecho o poder abstracto de obrar, no como simple posibilidad, sino como contrapartida del deber del Estado de prestar la actividad jurisdiccional, y por tanto, derecho subjetivo público paralelo al genérico de petición (artículo 8 de la Constitución Federal), contenido en el artículo 17 de la Ley Fundamental”.

 Para el ilustre maestro mexicano, lo que se han denominado presupuestos y causas de improcedencia de la acción de amparo, en realidad constituyen presupuestos o condiciones de una resolución sobre el fondo, o sea lo que Couture denomina presupuestos para la validez del proceso, y cuya falta determina, no la improcedencia de la acción, sino de la pretensión, motivando el sobreseimiento en el juicio de amparo.

En cuanto a la jurisdicción, Fix-Zamudio afirma que en México existe una verdadera jurisdicción constitucional, en virtud de que, por una parte, el proceso de amparo se hace valer exclusivamente en vía de acción y, por otra, porque la función jurisdiccional constitucional en esta materia se realiza en principio por los tribunales de la Federación (art. 103 de la Constitución Federal), por lo que en realidad la salvaguardia jurisdiccional de la normativa constitucional a través del amparo está encomendada por la propia Ley Fundamental a los jueces federales, sean de distrito, magistrados Colegiados de Circuito o ministros de la Suprema Corte. De esta forma se advierte como Fix-Zamudio  estudia el juicio de amparo, apoyado en la trilogía estructural de la ciencia procesal que señalaba Podetti y aceptada por la doctrina moderna, iniciando, con ello, la etapa que él mismo denominó como reivindicación procesal del amparo y que ha seguido hasta la actualidad la doctrina mexicana, al margen de los importantes estudios clásicos y contemporáneos desde la perspectiva sustantiva o constitucional.

Estimamos, por consiguiente, que si bien principalmente Kelsen, Calamandrei, Couture y Cappelletti han aportado los cimientos indispensables para el nacimiento de esta rama jurídica, se debe fundamentalmente a Fix-Zamudio la consolidación en cuanto a su denominación, contenido y delimitación, al haber iniciado su sistematización científica específicamente con dicha expresión desde hace casi medio siglo, en 1956. Así, la expresión de “derecho procesal constitucional” se ha robustecido en las últimas décadas al aparecer publicaciones específicas con esa terminología en distintos países latinoamericanos y europeos, especialmente en Alemania, Argentina, Brasil, Costa Rica, Colombia, España, México, Nicaragua y Perú.

El jurista mexicano desarrolla sus ideas al concebir el contenido del derecho procesal constitucional bajo una triple dimensión:

A) Jurisdicción constitucional de la libertad,  comprendiendo el estudio de los instrumentos consagrados a nivel constitucional para tutelar los derechos humanos establecidos en la propia normativa constitucional o en los tratados internacionales sobre la materia.

Se han originado,  cinco sectores, a saber, a) Inglaterra y Estados Unidos (habeas

corpus y judicial review); b) ordenamientos latinoamericanos (amparo); c) ordenamientos de Europa continental (recurso constitucional, muy cercano al recurso de amparo); d) países socialistas (Fiscalía o Procuratura); y e) origen escandinavo (Ombudsman).

B) Jurisdicción constitucional orgánica, se integra por aquellas garantías constitucionales dirigidas a la protección directa de las disposiciones y principios constitucionales que consagran las atribuciones y competencias de los diversos órganos de poder. En este sector debe ubicarse a las controversias constitucionales (conflictos competenciales y de atribuciones entre órganos del estado) y las acciones de inconstitucionalidad (control abstracto) consagradas en el artículo 105 de la Constitución mexicana.

C) Jurisdicción constitucional transnacional, constituye un sector novedoso derivado de los conflictos entre la aplicación de las disposiciones internas y las que pertenecen al ámbito internacional y comunitario, especialmente las relativas a los derechos humanos, creándose tribunales supranacionales que se encargan de resolverlos.

En el ámbito americano, destaca la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica (siendo Fix-Zamudio su presidente varios años),63 cobrando importancia en México, debido a su reciente

reconocimiento de su jurisdicción y competencia en diciembre de 1998,64 pudiendo sostenerse que este órgano en la actualidad realiza una verdadera función de intérprete constitucional, a semejanza de la que realizan los tribunales, cortes y salas constitucionales en el ámbito interno, sólo que en aquél caso tomando como lex superior a la Convención Americana de los Derechos Humanos y a sus protocolos adicionales.

 Debe agregarse un cuarto sector, que implica una visión o perspectiva inversa de la jurisdicción constitucional transnacional, y que podríamos denominar derecho procesal constitucional local o estadual.

Esta nueva dimensión comprende el estudio de los distintos instrumentos encaminados a proteger los ordenamientos, constituciones o estatutos de los estados, provincias o comunidades autónomas.

Actualmente, en México existe una tendencia en desarrollar esta temática,71 como se pone en evidencia con las reformas a la Constitución del estado de Veracruz (2000), que prevé una Sala Constitucional compuesta por tres magistrados dentro de la estructura orgánica del Tribunal Superior de Justicia, teniendo competencia para conocer (sea en la etapa de instrucción o de…)

Asimismo, el artículo 158 de la Constitución del estado de Coahuila expresamente se refiere a una “justicia constitucional local”, señalando que ésta tiene por objeto dirimir de manera definitiva e inatacable los conflictos constitucionales que surjan dentro del ámbito interior del estado, facultando al Tribunal Superior de Justicia para conocer de ellos, al constituirse como “Tribunal Constitucional Local”.

Además del caso de Coahuila (arts. 8º y 158), esta tendencia se ve reflejada también en las Consituciones locales de Chihuahua, Chiapas, Estado de México, Tlaxcala.

Esta autonomía local, incluso, se prevé de manera directa en el artículo 116, fracción III, de la Constitución federal, que establece la posibilidad de que los poderes de los Estados se organicen conforme a la Constitución de cada uno de ellos; y específicamente el Poder Judicial se ejercerá por los tribunales y mediante las reglas que señalen dichos Ordenamientos locales.

Para entender mejor el orden jerárquico normativo del derecho mexicano se hace necesario conocer el artículo 133 constitucional.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.

Para un efectivo control constitucional de la reforma constitucional, el artículo 135 de la Carta Magna provee lo siguiente:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

El Congreso de la Unión o la comisión permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Dentro del control constitucional se busca subsanar cualquier inconstitucionalidad ya sea de leyes o de actos de la autoridad pública, y uno de estos actos es la inconstitucionalidad por omisión; se darán algunas expresiones al respecto:

1.-Solamente se omite algo en un contexto en el que es relevante una actuación determinada.

2.-Solamente se puede omitir una conducta cuya presencia es probable; ya sea empírica o normativamente.

Cuando se hace referencia a la omisión del legislador se pretende indicar que éste “no ha actuado como se esperaba”, que la conducta probable de él no se ha presentado; y la conducta que se espera de él es que legisle, que dicte textos normativos con el carácter de leyes.

Existen diversos tipos de omisiones legislativas:

 a).- Absolutas o totales, que implica la ausencia total de una ley cuya emisión está prevista o autorizada en la Constitución.

b).- Relativas o parciales, que se acerca un poco a lo que conocemos como “laguna de ley”; es decir, el legislador crea una ley,  pero se viola el principio de igualdad no contemplando en los supuestos de aplicación de la norma expedida a sujetos o casos en los que también podría o debería ser aplicada la ley creada, por lo que los aplicadores  e intérpretes la aplican extensivamente utilizando argumentos de mayoría de razón o de analogía.

La  omisión legislativa deviene INCONSTITUCIONAL  únicamente cuando el órgano legislativo “con su silencio altera el contenido normativo de la Constitución”, de donde se sigue que el objeto de control en este caso, no es la conducta del órgano legislativo, no se verifica la corrección de su acción u omisión, sino las consecuencias que de éstas se derivan. La infracción se produce si la inactividad o silencio del legislador originan una situación jurídica contraria a la Constitución.

El control de la constitucionalidad de las omisiones legislativas tendrá por objeto, no la inactividad en sí, sino las consecuencias jurídicas que de ella se derivan. Un tribunal constitucional no puede evaluar el no ejercicio de las facultades constitucionales, sino sus efectos normativos.

En el ordenamiento jurídico federal mexicano no existe un mecanismo que solucione este tipo de situaciones a pesar de que se ha introducido la figura de la acción de inconstitucionalidad por omisión en el ordenamiento jurídico como en el Estado de Veracruz.      

Qué es una acción de inconstitucionalidad

Sin pretender ser exhaustiva para el caso enunciaré lo siguiente:

La acción de inconstitucionalidad es una de las garantías constitucionales consagrada  en el artículo 105 fracción II de la Constitución,  y que  tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, así como un tratado internacional son  contrarios  a alguna disposición constitucional; y de ser así, invalidarlos para que prevalezcan los mandatos  constitucionales; exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o tratado que se impugnan.

Forma parte del Derecho Procesal Constitucional Mexicano y para ello cuenta con la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos.  Esta ley en su artículo 1o. señala que  “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles”.

Su naturaleza es la de un procedimiento de control abstracto en el que un mínimo equivalente al  33% de un órgano legislativo federal o estatal y otros actores nombrados en la Constitución y en este escrito en líneas posteriores, plantean ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma o tratado internacional, independientemente de que ese porcentaje de  miembros de un órgano legislativo haya sufrido o no un agravio o afectación jurídica[3] 

Son procedimientos que se llevan en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; un 33% de los integrantes del Senado; por el Procurador General de la República; el 33% de los integrantes de alguno de los órganos legislativos estatales, en contra de leyes expedidas por el propio órgano; el 33% de los integrantes de la   Asamblea de Representantes del Distrito Federal en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea; Los partidos políticos; La Comisión Nacional de los derechos Humanos y los organismos de protección de los Derechos Humanos de los Estados de la República;  y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como lo ordena La Constitución en el propio artículo 105 en su fracción II con sus incisos. Asimismo la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este mismo artículo; es decir,  por la vía de  la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al ejercerse la acción se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Constitución. Puede ser promovida sólo por los actores antes mencionados,  y es entonces cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma;  se hace un procedimiento seguido en forma de juicio, pero no existe un período de pruebas y alegatos, ya que las propias leyes en análisis son la mejor prueba,  y su dicho el mejor alegato. Los efectos de la sentencia son generales si esta fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho Ministros; así lo manda la Constitución en el artículo que se comenta.

Para que pueda declararse improcedente una acción de inconstitucionalidad es necesario que su improcedencia sea manifiesta e indudable

Esta acción también forma parte del control de la constitucionalidad que tiene  como fin preservar la coherencia, la integración  del sistema jurídico, proveyendo así a su eficacia. Esto se verifica, a través de los controles abstractos realizando  el enfrentamiento de las normas para evitar su aplicación simultánea; y por la otra parte, a que los controles de carácter concreto lleven a  superar los conflictos que en el marco de un sistema jurídico se producen afectando en menor o mayor grado situaciones jurídicas específicas. 

 

 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La República mexicana no podía quedarse al margen de los avances democráticos en lo que a justicia se refiere; y por ello, ha hecho suya también la práctica del neoconstitucionalismo en el que la Constitución, como máxima aspiración política para tener  la deseable   división de poderes que integren en armonía al Estado de derecho, es la que dirige la vida jurídica del país.

 Las reformas constitucionales de 1994 han traído a México un nuevo constitucionalismo y una nueva forma de hacer la política; ya que anteriormente muchas cuestiones de carácter político se resolvían políticamente, pero hoy, se  dan resoluciones conforme a derecho constitucional a las controversias entre poderes de la nación o bien se impugnan leyes consideradas fuera del marco de la Constitución.

Este nuevo  constitucionalismo trae consigo la creación de un nuevo modelo que lleve a efecto los nuevos ordenamientos constitucionales; y con ello nuestra Suprema Corte de Justicia se convierte en un Tribunal Constitucional, y desde el año de 1995 este Tribunal Constitucional cumple la encomienda de salvaguardar la supremacía de la Constitución; siendo este elemento de salvaguarda uno de los  más importantes del constitucionalismo  ejercido por este Tribunal tan específicamente llamado constitucional y que con el tiempo puede y debe perfeccionarse conforme a los cambios que reclaman los Estados democráticos de Derecho.

Por tanto, considero que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí actúa como un Tribunal Constitucional y lo es, porque además de tener como objetivos la salvaguarda de la primacía constitucional, ejerce también el control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la autoridad de la administración pública, teniendo además la indiscutible facultad de ser el fiel intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 CASO CONCRETO DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

En mayo del año 2006,  47 Senadores de la LIX Legislatura, encabezados por Javier Corral Jurado, Dulce María Sauri Riancho, Manuel Bartlett Díaz, Raymundo Cárdenas entre otros, interpusieron  una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las Leyes de Radio y Televisión,  y Ley Federal de Telecomunicaciones, con el fin de que fueran declaradas inconstitucionales, total o parcialmente aduciendo que eran violatorias de los artículos 1, 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; he aquí algunos antecedentes.

                                                             El 11 de abril de 2006 se publicó en el Diario oficial de la Federación el decreto por el cual se reformaron dos leyes federales: la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Ley Federal de Radio y Televisión.

La controvertida ley fue aprobada en marzo de 2006, por el pleno de la Cámara de Diputados y en un lapso de 7 minutos; sin lectura previa, la ley fue aprobada casi por unanimidad, algo insólito en la historia de México. La ley fue confirmada por el Senado “sin cambiarle una coma”, durante el último año de la presidencia de Vicente Fox y poco antes de las elecciones generales de 2006. El Presidente  Vicente Fox pudo haber vetado la ley por los señalamientos hechos por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contra la ley, pero decidió publicarla, y en los hechos, que entrara en vigor, aduciendo la democracia que imperó en las cámaras para su aprobación.

La controversia está en que, en opinión de sus detractores, la ley consagra la desregulación del espectro digital en favor del duopolio mediático mexicano.

 De hecho Senadores que fueron miembros de la LIX Legislatura promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, argumentado que  estas reformas inhiben la competencia y fomenta el poder del duopolio televisivo mencionado anteriormente.

Además  se concede a las televisoras privadas el uso, libre de todo cargo, de un bien público perteneciente al estado mexicano, como es el espectro digital de frecuencias. Esta ley ha sido considerada por diversos críticos, el regalo de un bien público (espectro de digital de frecuencias) a medios privados.

En el marco de la acción de inconstitucionalidad, algunos senadores  declararon haber aprobado la ley “bajo presión” y en el contexto de las elecciones generales de México en el 2006.

La Suprema Corte declaró inconstitucional 6 artículos, 16 párrafos y partes de los textos de la ley, además de que se acreditaron omisiones legislativas. Entre lo eliminado de la Ley se tiene el proceso de Subasta de las concesiones, el refrendo automático de las mismas, la objeción del Senado de los miembros de la Cofetel, el periodo de 20 años de la concesión, además de los artículos que permitían la obtención de servicios extras digitales por el mismo espectro, además que se hizo hincapié que la Ley omitía mandatos de igualdad en los medios reglamentado en el artículo 2 de la Constitución.

Ante esto, el Ministro Presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia mencionó que la SCJN no hace política pero que incide en ella de manera imparcial, además que con ello anuncia una etapa de sentencia de importancia nacional con respecto al IFE, el Conflicto en Oaxaca entre otros.

La televisora que se veía más beneficiada  aceptó públicamente la sentencia, pero disintió de ella en términos del refrendo automático,  coincidiendo también la CIRT. Además partidos políticos se han comprometido a modificar la Ley para resarcir los errores de las mismas, así como incluir a las comunidades indígenas en dichas leyes.

Lunes 20 de agosto de 2007 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección) 1

SEGUNDA SECCION

PODER JUDICIAL

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

SENTENCIA relativa a la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006 promovida por Senadores integrantes de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso de la Unión, en contra del propio Congreso y del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como los votos formulados por el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2006.

PROMOVENTES: SENADORES INTEGRANTES DE LA QUINCUAGESIMA NOVENA LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA UNION.

PONENTE: MINISTRO SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIAS: ANDREA ZAMBRANA CASTAÑEDA.

LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

MARIA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día siete de junio de dos mil siete.

VISTOS; y, RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante oficio presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cuatro de mayo de dos mil seis, (1) Adrián Alanís Quiñones, (2) Esteban Miguel Angeles Cerón, (3) Jorge Eduardo Franco Jiménez, (4) Marco Antonio Xicoténcatl Reynoso, (5) Jesús Galván Muñoz, (6) Oscar Cantón Zetina, (7) Leticia Burgos Ochoa, (8) Wadi Amar Shabshab, (9) Manuel Bartlett Díaz, (10) Génaro Borrego Estrada, (11) Rómulo de Jesús Campuzano González, (12) Raymundo Cárdenas Hernández, (13) José Alberto Castañeda Pérez, (14) Joaquín Cisneros Fernández, (15) Javier Corral Jurado, (16) Oscar Cruz López, (17) Marcos Carlos Cruz Martínez, (18) Rutilio Cruz Escandón Cadenas, (19) Francisco Antonio Fraile García, (20) Laura Alicia Garza Galindo, (21) Ricardo Gerardo Higuera, (22) Omar Raymundo Gómez Flores, (23) Noemí Zoila Guzmán Lagunes, (24) Guillermo Herbert Pérez, (25) Guillermo Herrera Mendoza, (26) Sergio César Alejandro Jáuregui Robles, (27) David Jiménez González, (28) Saúl López Sollano, (29) Filomena Margaiz Ramírez, (30) Alberto Miguel Martínez Mireles, (31) Rafael Melgoza Radillo, (32) Joaquín Montaño Yamuni, (33) Elías Miguel Moreno Brizuela, (34) Miguel Angel Navarro Quintero, (35) CésarRaúl Ojeda Zubieta, (36) José de Jesús Ortega Martínez, (37) María del Carmen Ramírez García, (38) Alfredo Martín Reyes Velázquez, (39) Luis Alberto Rico Samaniego, (40) Serafín Ríos Alvarez, (41) Carlos Rojas Gutiérrez, (42) María Lucero Saldaña Pérez, (43) Dulce María Sauri Riancho, (44) Germán

Sierra Sánchez, (45) Antonio Soto Sánchez, (46) Felipe de Jesús Vicencio Alvarez y (47) Eduardo Ovando Martínez, quienes se ostentaron como Senadores de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso de la Unión, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de

Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, en los términos siguientes:

“II. ORGANOS LEGISLATIVO Y EJECUTIVO QUE, RESPECTIVAMENTE, EMITIERON Y PROMULGARON LAS NORMAS GENERALES QUE SE IMPUGNAN: — 1. El H. Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores. —

2. El C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. — III. NORMAS GENERALES CUYA INVALIDEZ SE RECLAMA Y MEDIO OFICIAL EN QUE FUERON PUBLICADAS: — Son materia de la presente acción de inconstitucionalidad, las normas generales que adelante se precisan, mismas que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día once de abril de dos mil seis: —

1. El artículo PRIMERO del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan

diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República. — 2. Los artículos 3o., fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 9-E, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformados por virtud del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República. — 3. Los artículos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley Federal de Telecomunicaciones, contenidos en el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República. — 4. El artículo SEGUNDO del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República. — Los artículos 2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A, 17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21-A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión, reformados por virtud del ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el C. Presidente de la República, así como  la derogación del artículo 18 del mismo ordenamiento legal. — 2. Los artículos

SEGUNDO y TERCERO TRANSITORIOS de la Ley Federal de Radio y Televisión

contenidos en el ‘Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas

disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión’, expedido por el H. Congreso de la Unión y promulgado por el

C. Presidente de la República.”

SEGUNDO.- Los promoventes señalaron como preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos infringidos el 1o., 2o., 3o., 5o., 6o., 14, 16, 25, 27, 28, 31, 41, 42, 49, 70, 72, 73, 74, 76, 89, 90, 121, 133 y 134, con base en los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan:

PRIMER CONCEPTO DE INVALIDEZ.-

El procedimiento legislativo del cual deriva el decreto de reformas, tanto a la Ley Federal de Telecomunicaciones como a la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 16, 70 y 72 constitucionales, en relación con los artículos 135, 136, 137 y 140 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos…

2 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 19 de junio de 2009

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

DECRETO por el que se reforma el artículo 79-A; se adicionan una fracción VIII al artículo 7-A, un artículo 12-A, un artículo 59-BIS, para pasar el actual 59-BIS a ser el 59-TER, un artículo 64 BIS y un artículo 107 a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

D E C R E T A :

SE REFORMA EL ARTÍCULO 79-A; SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN VIII AL ARTÍCULO 7-A, UN ARTÍCULO 12-A,

UN ARTÍCULO 59-BIS, PARA PASAR EL ACTUAL 59-BIS A SER EL 59-TER, UN ARTÍCULO 64 BIS Y UN ARTÍCULO 107 A LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.

Artículo Único. Se reforma el artículo 79-A; se adicionan una fracción VIII al artículo 7-A, un artículo 12-A, un artículo 59-BIS, para pasar el actual 59-BIS a ser el 59-TER, un artículo 64-BIS y un artículo 107, a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 7-A. …

I. a V. …

VI. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo;

VII. El Código Federal de Procedimientos Civiles, y

VIII. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, exclusivamente en materia electoral.

Artículo 12-A. El Instituto Federal Electoral tendrá las siguientes facultades:

I. Ser la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las prerrogativas de los partidos políticos, conforme a lo dispuesto por la Base III del Artículo 41 de la Constitución y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

II. En la esfera de su competencia, requerir a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión la difusión de los programas y mensajes que deberán difundir en el tiempo que corresponda al Estado,

conforme a las pautas de transmisión aprobadas por los órganos competentes del Instituto;

III. Hacer entrega a permisionarios y concesionarios de radio y de televisión del material que deberán transmitir, conforme a las pautas a que se refiere la fracción anterior;

IV. Atender las quejas y denuncias por la violación a las normas aplicables y determinar e imponer, en el ámbito de su competencia, las sanciones que deban aplicarse a los concesionarios o permisionarios;

V. Las demás que en materia de radio y televisión le otorga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 59-BIS. Con motivo de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, del tiempo total que conforme al artículo anterior y a otras leyes corresponde al Estado, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.

Tratándose de los procesos electorales locales que tengan lugar en periodos distintos o cuyas jornadas comiciales no coincidan con la federal, el Instituto Federal Electoral tendrá a su disposición, de igual manera, cuarenta y ocho minutos diarios en todas las estaciones y canales de cobertura local en la entidad de que se trate.

Viernes 19 de junio de 2009 DIARIO OFICIAL (Primera Sección) 3

Con motivo de los procesos electorales las autoridades electorales distintas al Instituto Federal Electoral, tanto federales como locales, deberán solicitar a este último el tiempo de radio y televisión que requieran para el cumplimiento de sus fines. El Instituto Federal Electoral resolverá lo conducente.

Fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Ese tiempo será utilizado conforme a lo establecido por el

inciso g) de la Base III del Artículo 41 de la Constitución y lo que determine el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 59-TER. La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:

I. Propiciar el desarrollo armónico de la niñez.

II. Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana.

III. Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional.

IV. Promover el interés científico, artístico y social de los niños.

V. Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo en la infancia.

Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.

La Programación dirigida a los niños se difundirá en los horarios previstos en el reglamento de esta Ley. Artículo 64-BIS. Los concesionarios y permisionarios de radio y televisión no podrán transmitir programas, mensajes o cualquier otro material que contravenga lo dispuesto por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la infracción a esta norma será sancionada en términos de lo dispuesto en el Libro Séptimo de dicho Código.

Artículo 79-A. Los permisionarios y concesionarios de radio y de televisión tendrán las siguientes obligaciones en materia electoral:

I. Atender las determinaciones que el Instituto Federal Electoral adopte en materia de radio y televisión, dentro del ámbito de su competencia conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

II. Suspender, durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, toda propaganda gubernamental, conforme a lo dispuesto por el párrafo 2, artículo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales;

III. Poner a disposición del Instituto Federal Electoral el tiempo que le corresponda administrar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59-BIS de la presente Ley;

IV. Transmitir íntegramente y en los horarios señalados en las pautas correspondientes, los mensajes y programas que ordene el Instituto Federal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el Código de la materia y en las disposiciones administrativas aplicables, sin alterar las pautas ni exigir requisitos

técnicos adicionales a los aprobados por el Instituto;

V. Suspender de manera inmediata, por orden del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la transmisión de propaganda política o electoral que dicho consejo considere violatoria al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme a lo dispuesto por el artículo 370, numeral 2, de dicho ordenamiento;

VI. Abstenerse de comercializar, de manera directa o a través de terceros, tiempo de transmisión, en cualquier modalidad de programación, a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular;

4 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 19 de junio de 2009

VII. Proporcionar al Instituto Federal Electoral la información que les solicite, dentro del ámbito de sus atribuciones conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 107. En caso de que el Instituto Federal Electoral considere que se han cometido infracciones graves y sistemáticas en los términos que establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para los concesionarios y permisionarios; su Consejo General, habiendo escuchado al concesionario o permisionario, dará cuenta a la autoridad competente, para los efectos correspondientes.

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

México, D. F., a 30 de abril de 2009.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, Presidente.- Sen. Adrian Rivera Perez, Secretario.- Dip. Rosa Elia Romero Guzman, Secretaria.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciséis de junio de dos mil nueve.-

Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

María  Antonieta  Navarrete  Ramos

 

 

CIBERGRAFÍA

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/134.htm?s=

http://cencos.org/files/Acci%C3%B3n%20de%20Inconstitucionalidad%20(Resumen).pdf

http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1661/9.pdf

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/compila/inconst.htm


[1]  La defensa de la Constitución,  José Ramón Cossío y Luis M. Pérez de Acha

[2] .- Eduardo Ferrer Mac Gregor, Derecho Procesal Constitucional

[3] .- Ministra Olga Sánchez Cordero, Magistratura Constitucional en México. Elementos de juicio.