Sobre Régimen Interior del Estado de Coahuila

 

María Antonieta Navarrete Ramos

 

Universidad Autónoma de Nuevo León, México

Maestría en Derecho Procesal Constitucional

 

Septiembre 20  de 2010

 

 Sobre  el Régimen Interior  del  Estado de Coahuila de Zaragoza

Con la llegada de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en diciembre de 1994, la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicia el año 1995 con las funciones de Tribunal Constitucional, dotando de esta manera a la República Mexicana un nuevo constitucionalismo para llevar a un equilibrio a las funciones de los poderes públicos a través de medios de control de la constitucionalidad tales como Controversias Constitucionales, Acciones de Inconstitucionalidad, el Derecho Procesal Constitucional Electoral, el Juicio de Amparo que tiene una gran tradición mexicana desde el siglo XIX.

Resultado de esto es que  en algunos de los Estados de la República Mexicana se dio inicio a la vida de este nuevo constitucionalismo con las reformas a sus constituciones locales para adecuarse al naciente ordenamiento jurídico en el año 2000; y el Estado de Coahuila, haría lo propio anunciando en el decreto 148 por el que se reforman, adicionan, modifican y derogan disposiciones de la Constitución Política en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 23 del 20 de  marzo de 2001.

Ahora bien, ¿de dónde surge el término de “Régimen Interior” para las entidades federativas?  El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa en su primer párrafo:

ARTICULO 115. LOS ESTADOS ADOPTARAN, PARA SU REGIMEN INTERIOR, LA FORMA DE GOBIERNO REPUBLICANO, REPRESENTATIVO, POPULAR, TENIENDO COMO BASE DE SU DIVISION TERRITORIAL Y DE SU ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA EL MUNICIPIO LIBRE, CONFORME A LAS BASES SIGUIENTES:
(REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE FEBRERO 1983). (Énfasis propio).

Este mismo artículo 115 en su fracción II inciso E, ordena:

LAS LEGISLATURAS ESTATALES EMITIRAN LAS NORMAS QUE ESTABLEZCAN LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE RESOLVERAN LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTEN ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, O ENTRE AQUELLOS, CON MOTIVO DE LOS ACTOS DERIVADOS DE LOS INCISOS C) Y D) ANTERIORES;
(ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 23 DE DICIEMBRE 1999). (Énfasis propio).

 

ARTICULO 40. ES VOLUNTAD DEL PUEBLO MEXICANO CONSTITUIRSE EN UNA REPUBLICA REPRESENTATIVA, DEMOCRATICA, FEDERAL, COMPUESTA DE ESTADOS LIBRES Y SOBERANOS EN TODO LO CONCERNIENTE A SU REGIMEN INTERIOR; PERO UNIDOS EN UNA FEDERACION ESTABLECIDA SEGUN LOS PRINCIPIOS DE ESTA LEY FUNDAMENTAL. (Énfasis propio).

Al respecto el primer párrafo del artículo 41 constitucional expresa:

ARTICULO 41. EL PUEBLO EJERCE SU SOBERANIA POR MEDIO DE LOS PODERES DE LA UNION, EN LOS CASOS DE LA COMPETENCIA DE ESTOS, Y POR LOS DE LOS ESTADOS, EN LO QUE TOCA A SUS REGIMENES INTERIORES, EN LOS TERMINOS RESPECTIVAMENTE ESTABLECIDOS POR LA PRESENTE CONSTITUCION FEDERAL Y LAS PARTICULARES DE LOS ESTADOS, LAS QUE EN NINGUN CASO PODRAN CONTRAVENIR LAS ESTIPULACIONES DEL PACTO FEDERAL.
REFORMADO EN SU INTEGRIDAD POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2007). (Énfasis propio).

Debido a que la Constitución es la máxima norma tanto en el ámbito federal, como estatal y municipal en los actos del poder público; es por medio de ella que se establecen los medios de control constitucional para evitar los abusos del poder, tanto entre ellos mismos así como para la defensa del gobernado ante éste.

Asimismo por mandato de esta Constitución local en su artículo segundo transitorio, dice: “El Congreso del Estado dentro de los 240 días naturales siguientes a la fecha en que entre en vigor este decreto, deberá expedir la Ley reglamentaria de la Justicia Constitucional Local”. 

Y por este mandato constitucional nació la Ley de Justicia Constitucional Local para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial el martes 12 de julio de 2005, con los medios de control constitucional, expresando:

Artículo 3. Los procedimientos constitucionales locales. Los procedimientos constitucionales locales podrán promoverse mediante:

I. El control difuso de la constitucionalidad local.

II. Las cuestiones de inconstitucionalidad local.

III. Las acciones de inconstitucionalidad local.

IV. Las controversias constitucionales locales.

El Estado de Coahuila incluye en su Constitución otro control, pero de naturaleza política; y es precisamente el Juicio Político, de cuyo procedimiento habla el artículo 168; y como facultad del poder legislativo   en su artículo  67 fracción XXIX  erigiéndose  en Jurado de Sentencia  para conocer un juicio político de las faltas u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, imputadas a los servidores públicos.

Para dar cumplimiento a lo que manda la Constitución General, el Estado de Coahuila, como ya quedó afirmado, tiene su Constitución reformada en 2001 que en el capítulo IV lo dedica a “LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL LOCAL”, y expresa en su artículo 158 en su primer párrafo: “La Justicia Constitucional Local se erige dentro del régimen interior del Estado como un medio de control para mantener la eficacia y la actualización democrática de esta Constitución, bajo el principio de supremacía constitucional”.  Y en este mismo artículo en su párrafo cuarto dice que  El pleno del Tribunal Superior de Justicia, tiene carácter de Tribunal Constitucional Local .

Es menester aclarar que en el artículo 135 de la Constitución coahuilense, habla de que el Poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en:

1.- El Tribunal Superior de Justicia

2.- Tribunal Electoral

3.- Tribunal de lo Contencioso-Administrativo

4.- Tribunal de Conciliación y Arbitraje

5.-Tribunales Distritales

6.- Juzgados de Primera Instancia, cualquiera que sea su denominación

7.- Consejo de la Judicatura

8.-Los demás órganos judiciales que con cualquier otro nombre determinen las leyes. 

Además es importante clarificar el hecho de que aunque en la Constitución local ocupa el tercer lugar en cuanto a su mención,  el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo aún no está creado en Coahuila; no existe; situación con la cual se tienen problemas cuando el gobernado necesita exponer sus controversias habidas con las distintas competencias de los funcionarios públicos en los ámbitos estatal o municipal; optando en el mejor de los casos por  el Amparo federal.

Además en su artículo 67 aclara las atribuciones del poder legislativo, en la fracción XXX , que antes de una reforma a este artículo en agosto del año 2006, decía: “Establecer las normas para la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotándolo de plena autonomía para dictar sus fallos; así como definir los procedimientos para dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Estatal o Municipal y los particulares”.

Este artículo con la fracción aludida reformada en agosto de 2006, dice: “Establecer las normas para la organización y funcionamiento del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Poder Judicial, en los términos que establece esta Constitución y las leyes”.  Pero aún no existe este tribunal.

Sin embargo sí existe la LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, publicada en el Periódico Oficial en agosto de 2007,  sólo que al faltar el órgano jurisdiccional para aplicar esta ley, hace que los ciudadanos se dirijan a los Juzgados de Distrito para el Amparo federal en un número muy reducido a causa de los costos que implica el acudir a un profesional del Derecho; y esta situación constituye una falta de protección al gobernado debido que en muchos casos los funcionarios públicos tanto estatales como municipales ni siquiera contestan las peticiones y/o quejas que de acuerdo a su competencia les son llevados por los ciudadanos, y mucho menos el resolverlas; concentrándose mayor número de problemas municipales en las cuestiones de Desarrollo Urbano al no respetarse cabalmente en diversos casos la ley ni reglamentos respecto a la construcción. Otra concentración de problemática es sufrida en el Transporte Urbano en sus distintas modalidades como transporte de material para la construcción, y del propio transporte urbano. Esto sin que yo afirme o niegue el buen desempeño de las otras dependencias de la función pública.

El Estado de Coahuila SÍ cuenta con un ordenamiento jurídico bueno, pero factible de mejorarse como sucede con todas las leyes;  empero la falta del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo que debe ser una jurisdicción para la recepción y resolución de los múltiples y cotidianos problemas surgidos en los terrenos de la función pública en sus ámbitos estatal y municipal, hace vulnerable la administración  de justicia que todo ser humano desea ver y tener.

Esta administración de justicia se traduce en la tarea a través de la cual el Estado provee los principios de legalidad, certeza, seguridad y defensa de las libertades ciudadanas.

Además, el Derecho Administrativo como una rama del Derecho público, cuyo objeto de estudio y regulación es la Administración pública, y la relación de ésta con los particulares quienes cotidianamente están en relación con ella,  es de gran importancia, toda vez que aquellos necesitan de permisos, concesiones, servicios públicos diversos;  pago de contribuciones, infracciones y más, que constituyen para las funciones de la Administración pública una actividad que comprende el mayor porcentaje de trato directo y diario del individuo con los funcionarios públicos. Por tanto, la existencia  de este tribunal de lo Contencioso- Administrativo sería  de significativa importancia para la integración y una saludable  vida político-social; pues de diario están surgiendo problemas diversos que necesitan de una solución jurídica que dé certeza al gobernado de que realmente vive en un Estado Democrático de Derecho. De esta manera,  el Régimen Interno; es decir, el Derecho interno de la entidad federativa estaría más robusto y saludable en su Administración pública  como   regulador de servicios  públicos administrativos que son muchos; y sobre todo, que esta entidad  provea a la población de la necesaria administración de justicia en materia de lo contencioso -administrativo.

Por otro lado, también se nombra el Tribunal Contencioso-Administrativo en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza, ley publicada en el Periódico Oficial el martes 11 de diciembre de 1990  en su artículo 2° .

ARTICULO 2º. El Poder Judicial del Estado se integra por:

I.- El Tribunal Superior de Justicia;

II.Tribunales especializados, que por razón de la materia serán:

a). El Tribunal Electoral,

b). El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo,

c). El Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y

d). El Tribunal de Apelación Especializado en Materia de Adolescentes.

Todos estos tribunales especializados en la fracción II de este artículo 2°, existen y funcionan en Coahuila; excepto como ya se ha dicho; el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.

Publicada esta ley en el año 1990, en su último artículo transitorio, a la letra dice:

ARTICULO DECIMO SEXTO.- Quedan abrogados el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia de 20 de marzo de 1919 y la Ley Orgánica del Poder

Judicial en el Estado de 3 de enero de 1940 y derogadas, las demás disposiciones

que se contengan en cualquier ordenamiento legal, y se opongan a la presente Ley. (Énfasis propio).

No considero un exceso recordar las diferencias de significado entre abrogar y derogar.

Abrogar; en el lenguaje jurídico  se refiere a la supresión total de la vigencia, y por tanto, de la obligatoriedad de una ley, código o reglamento.

Derogar;  es la revocación de alguno de los preceptos de la ley, código o reglamento; mientras que la abrogación implica la anulación de un mandato legal; la derogación es solamente en una o más disposiciones legales; la abrogación trata con lo total, y la derogación con una parte.

Continuando con el  Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, éste aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en 1990; en la Constitución reformada de 2001 en su artículo 135 forma parte de la estructura del poder judicial del Estado, dando a los magistrados de este tribunal, en su fracción III, seis años en el primer ejercicio de su encargo, mismo que al ser concluido podrán ser designados nuevamente por única vez, por un período de nueve años; después de estos tiempos tendrán derecho a un haber por retiro en los términos que establezca la ley.

Con la falta de este tribunal está faltando una columna importante a la estructura del régimen interno del Estado de Coahuila;  y es de esperarse que pronto sea constituido por la tradición constitucionalista y progresista del propio Estado.

Pero no es suficiente el tener los órganos jurisdiccionales, sino que éstos sean transparentes y eficaces en la administración  de justicia; lo que esperamos que así sea, porque la injusticia provoca rezago social, y éste a su vez, violencia.

Un Estado Democrático de Derecho se concibe con instituciones que tienen a su cargo la muy delicada labor de individualizar las normas generales a situaciones con problemas específicos que se presentan día tras día, y además contar con el órgano jurisdiccional respectivo para la solución de ese específico problema; la falta de uno  de estos órganos jurisdiccionales afecta y debilita al derecho y a la justicia misma.

Otro de los bienes jurídicos incluidos en la Constitución de Coahuila es sobre los Derechos Humanos y Garantías Individuales, reconociendo en todas las personas el disfrute de sus derechos fundamentales,  y la constitución de un organismo público autónomo, con la rectoría en las materias del acceso a la información pública, la cultura de transparencia informativa y la protección de datos personales entre otros.  Las cartas de los Derechos Fundamentales y esta Constitución determinan los principios mínimos en los que se sustenta el ejercicio de los Derechos Humanos. Serán ley suprema en el régimen interior del Estado.

 

Por ejemplo, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza ARTICULO 183.- Los reglamentos en general, y especialmente los que regulan las actividades de los habitantes del Municipio, vecinos o transeúntes, respetarán invariablemente las garantías individuales, buscando siempre las condiciones que propicien la paz, la seguridad y tranquilidad públicas y el consiguiente logro de un desarrollo justo y armónico en la vida de las comunidades…

Conforme a la doctrina y la práctica existen dos sistemas de control de la constitucionalidad de las normas jurídicas, según sea el órgano al cual la Constitución ordene hacerlo.  Uno de ellos es el CONTROL CONCENTRADO o europeo y el CONTROL DIFUSO o americano. El Estado de Coahuila tiene estos dos sistemas de control de la constitucionalidad.

En el Control Concentrado se crea el órgano constitucional específico  para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes.  En el Estado de Coahuila, México, es el Tribunal Superior de Justicia que se constituye en Tribunal Constitucional para ejercer el control de constitucionalidad.

En el Control Difuso se otorga poder a todos los jueces con independencia de su jerarquía para dejar de aplicar las leyes cuando las consideren inconstitucionales.

Desde Kelsen se considera que el control de constitucionalidad puede ejercerse tanto por vicios materiales como formales, lo que permite establecer no sólo si los contenidos materiales de la norma o del acto impugnado son contrarios a la Constitución, sino determinar también si en la norma o acto impugnado se violó algún requisito o procedimiento sustancial previsto en la Constitución o en los reglamentos parlamentarios.

Estas dos categorías son también aplicables a los distintos procedimientos de reforma constitucional.

Es muy positivo que exista este control de la constitucionalidad en las entidades federativas; en el Estado de Coahuila, se han realizado algunos de ellos, implicando así el que no se acumule tanto trabajo en los juzgados de distrito en el fuero federal; sin embargo, los prejuicios respecto de la administración de justicia local son muy notorios al preferir la administración de la justicia federal en los casos que sea  posible.

Por tanto, no sólo es necesaria la total estructura del poder judicial, sino la eficacia del mismo a través de la sana independencia de los demás poderes.

Uno de los prejuicios más notorios es que en las entidades federativas en lo general, los poderes legislativos y judicial están  subordinados a los mandatos del  poder ejecutivo, ejerciendo éste el absoluto control en la propia entidad federativa propiciando con ello el estancamiento democrático, social y económico; de tal manera, que para una verdadera democracia y desarrollo, urge respetar la división de poderes, para que el principio de imparcialidad garantice la aplicación efectiva de los otros poderes. Porque el que existan los órganos jurisdiccionales y leyes de avanzada de muy  poco  provecho resulta para el pueblo en quien  por mandato constitucional   reside esencial y originariamente la soberanía, tanto a nivel federal como en los Estados de la República Mexicana, si no hay plena independencia de las funciones de los poderes; reitero tanto en lo federal como en las entidades federativas. En gran medida este agravio a la nación ha contribuido a la profunda desigualdad social y el atraso económico que de organismos internacionales han señalado para el Estado Mexicano; en el que forzosamente está incluida cada entidad federativa.

De no actuar en esta sana división de poderes, el presupuesto económico otorgado a ellos para sus funciones respectivas, se convierte en un gasto que deriva en derroche al no haber los resultados óptimos en cada uno de ellos.

Y el derroche está entre otras cosas al tener instituciones de primera; pero  onerosas por la falta de eficacia en sus funciones públicas que desalientan principalmente a sectores sociales vulnerables como a los jóvenes, mujeres, ancianos, etc.

En estos tiempos de globalización ya no es posible la simulación de las funciones públicas por estar expuestos los países al escrutinio de  organismos internacionales, o bien a organizaciones internas de carácter privado que en su momento califican el desempeño y calidad de vida entre otras cuestiones a la nación propia y a las naciones del planeta.

 María Antonieta Navarrete Ramos